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Ràdio Castelldefels |

Todos los derechos reservados. La Cour administrative du Luxembourg se pregunta si este precepto es aplicable en este caso, ya que la medida impuesta al Sr.

En caso de respuesta negativa, el citado tribunal se pregunta sobre el modo de conciliar la obligación de mantener el secreto profesional con el respeto del derecho de defensa. Desde el año , el Sr. Tras el procedimiento de liquidación forzosa de dicha entidad en , el Sr.


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Buccioni sólo recibió un reintegro parcial del Fondo Interbancario di tutela dei dipositi Fondo interbancario de garantía de los depósitos. La BdI rechazó parcialmente esta solicitud, debido a que, en particular, determinados documentos cuya divulgación se solicitaba contenían datos confidenciales amparados por el deber de mantener el secreto profesional al que estaba sujeta. Buccioni interpuso entonces ante los tribunales italianos de lo contencioso-administrativo un recurso para que se anulara esta resolución denegatoria.

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A este respecto, el Tribunal de Justicia considera que el derecho a la divulgación de los documentos pertinentes para la defensa no es ilimitado y absoluto, y que la protección de la confidencialidad de los datos amparados por la obligación de mantener el secreto profesional que incumbe a las autoridades competentes debe ser garantizada y cumplida de tal modo que sea compatible con el respeto del derecho de defensa. El Tribunal de Justicia recuerda que corresponde a las autoridades y a los órganos jurisdiccionales competentes alcanzar, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, un equilibrio entre esos intereses contrapuestos.

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Por consiguiente, la posibilidad de dispensar la obligación de mantener el secreto profesional exige que la solicitud de divulgación se refiera a datos respecto a los cuales el solicitante proporcione indicios precisos y coherentes que permitan suponer de manera plausible que resultan pertinentes a los efectos de un procedimiento civil o mercantil ya en tramitación o pendiente de iniciarse, cuyo objeto debe ser identificado de manera concreta por el solicitante, y fuera del cual no pueden utilizarse los datos en cuestión.

Corresponde a las autoridades y órganos jurisdiccionales competentes ponderar el interés del solicitante en disponer de la información solicitada y los intereses ligados al mantenimiento de la confidencialidad de esa misma información amparada por el secreto profesional, antes de divulgar cada uno de los datos confidenciales solicitados. La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión.

El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia.